martes, 29 de diciembre de 2009

Instituciones empiezan a tomar en cuenta estadísticas forenses

Jaime López
Lunes, 28 de Diciembre de 2009

Año con año el Instituto de Medicina Legal registra estadísticas que reflejan el comportamiento de violencia y delincuencia que azota a los salvadoreños, pero estos no se ven del todo reflejados en las políticas anticriminales que el Gobierno y las instituciones del ramo impulsan para reducir los hechos delictivos.

La única decisión que surtió efectos desde el 2005 a la fecha ha sido la firma de un sólo protocolo por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML) para registrar de forma unificada los homicidios que a diario ocurren en el país.

Pero a parte de este acuerdo, las instituciones encargadas de dictar políticas antidelincuenciales han prestado poco o nada de interés a los estudios de Medicina Legal sobre el comportamiento de los homicidios, estiman los forenses.

Si no, hay que remitirse a los informes anuales de homicidios a excepción del 2008, en que hubo 400 asesinatos menos, donde las cifras siempre han reflejado una alza gradual. Para muestra, este año la violencia ha generado más de cuatro mil homicidios y más de tres mil 800 lesiones a escala nacional.

No obstante y por fortuna, afirmó el jefe de Estadística del IML, Fabio Molina, esta tendencia ya empezó a variar y cada vez se nota el interés del Gobierno y sus instituciones, por tomar de base los estudios de Medicina Legal para formular planes y estrategias contra la violencia

Ejemplo de ese cambio ha sido la política de Estado que impulsa la conformación de los Consejos de Seguridad Ciudadana encabezados por los alcaldes municipales, otras instituciones y la sociedad civil, en busca de realizar un diagnóstico de seguridad y detección de factores de riesgo de cada localidad.

Otro buen uso ha sido la demanda que tuvo el Gobierno que preside Mauricio Funes de sacar al Ejército a las calles para realizar actividades de seguridad pública en zona de alta incidencia delincuencial. También la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos de Escobar, ha fundamentado gran parte de su estrategias antiviolencia en los análisis y resultados de la institución forense.

Y es que los estudios de Medicina Legal indican la frecuencia de homicidios por sexo, edad, escolaridad, lugar, día, hora y tipo de arma, entre otras variables, afirmó el jefe de Estadística del IML.

En esa misma dirección, la institución forense que según el doctor Molina goza de la más alta imparcialidad, solvencia ética y científica, registra otros rubros que también golpean fuerte a la sociedad como violencia sexual (violaciones, estupro, agresiones sexuales y otros abusos sexuales), así como violencia intrafamiliar, suicidios, accidentes de tránsito, reconocimientos por lesiones de todo tipo, entre otros.

"El objetivo de Medicina Legal, con estos estudios es que las instituciones y los salvadoreños conozcan los hechos delictivos y sus variables, y tomen sus previsiones, y para que el Estado los incluya en sus estrategias de combate y prevención del delito", subrayó el jefe de Estadística. Molina aclaró que esta labor no sólo es competencia de la Policía sino de otras instituciones como los ministerios de Salud Pública, Educación, Justicia y Seguridad, Casa Presidencial, alcaldías y la sociedad civil.

En una entrevista de televisión el director policial, Carlos Ascencio reconoció que la Policía por "si sola no puede lidiar con tanto homicidio". El subdirector Mauricio Ramírez Landaverde, también afirmó que la violencia responde a muchos factores que deben ser abordados desde diferentes escenarios e instituciones.

martes, 15 de diciembre de 2009

Jóvenes piden mano dura en San Miguel por delincuencia

EDH20091215NAC018P

216,517 armas de fuego en circulación legal

Los registros del Ministerio de Defensa arrojan que la mayor parte de armas está en poder de particulares, con un aproximado de un 70%. En contraste, durante los últimos años, el 80% de los homicidios se comete con armas de fuego.

Escrito por Suchit Chávez
Martes, 15 diciembre 2009 00:00

Hay personas que tienen un estatus, se llama persona de alto riesgo, que tiene un nivel que la seguridad patrimonial, personal... tienen 100 armas.”

Coronel Alfredo Loza, logística del MDN

No se ha establecido el delito de tráfico de armas tal cual, lo que sí hemos detectado es que algunas armas están involucradas en varios hechos delictivos.”

Rodolfo Delgado, jefe UNICCO de la FGR

Hasta el 10 de diciembre pasado, y solo durante 2009, en el país se registraron unas 10 armas de fuego de distinto calibre en promedio cada día, según estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Es decir, en cifras brutas: 3,415 nuevas armas bajo matrícula y papeleo legales.

Esas fueron las nuevas. Apenas. La cifra total de armas en legal circulación a escala nacional —en manos de particulares y de las empresas privadas de seguridad— contabilizan un total de 216,517, según el jefe de Logística del MDN, coronel Alfredo Loza.

Tomando como base la actualización hasta junio de 2009 del Censo Nacional de Población, es decir, 6,100,000 habitantes a escala nacional, ello implicaría —con los registros actuales— que existe un promedio de 28.1 personas por cada arma de fuego registrada.

La cifra impone alertas rojas si se considera que según las estadísticas conjuntas del Instituto de Medicina Legal (IML) con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), durante los últimos años cerca del 80% de los homicidios ha tenido de por medio un arma de fuego.

Según esos mismos consolidados, la mayor parte de las víctimas de asesinatos son adolescentes o adultos jóvenes, entre los 15 años y los 39 años.

Si se toma en cuenta que el Censo Nacional detalla que el 52% de la población son adultos —unos 3,172,000 habitantes del país—, la cifra de armas involucra parámetros peores: un promedio de 14.6 residentes por cada arma de fuego legalmente registrada en el Ministerio de Defensa.

Este año que está por finalizar, la PNC lleva registrados más de 4,000 asesinatos. La estadística es el reflejo del conteo más alto de homicidios durante los últimos 10 años en todo el país.

Bien “seguros”

¿La mayor parte de las armas debidamente registradas en el país está en manos de las empresas privadas de seguridad? “Pertenecen a las personas particulares, el mayor porcentaje. Cerca del 70% lo tienen las personas particulares.” Quien contesta es el coronel Loza, quien explica un panorama de armamentización oscuro en el país.

Esos datos significan que alrededor de 151,516 civiles poseen un arma de fuego. Aunque las cifras pueden resultar un engaño, y es el coronel Loza quien se encarga de aclararlo. “Hay personas que tienen más de un arma. Hay personas que tienen un estatus, se llama persona de alto riesgo, que tiene un nivel que la seguridad patrimonial, personal... tienen 100 armas (registradas a su nombre)”.

Porque según los números también vale hacer la aclaración, y es que el registro proporcionado por el MDN implica una porción nada más de los artefactos de fuego: el inventario de la Fuerza Armada, la PNC y la Academia de Seguridad Pública (ANSP) es cuestión aparte.

Las armas ilegales que son movilizadas en el país también es un asunto no tomado en cuenta en los registros. Tanto el coronel Loza como miembros de la FGR aseguran que es imposible dimensionar la cantidad.

Sin embargo, en 2008, y según estadísticas del MDN, las armas ilegales destruidas (previamente incautadas y que habían sido liberadas para su destrucción después de un proceso judicial) fueron en total 867.

El coronel Loza manifestó: “Con una sola arma ilegal que circule se puede decir que hay un problema grave”.

Hasta la fecha, el país aún no ha contado con algún decreto permanente que penalice la portación de armas de fuego; las vedas declaradas han sido temporales y en espacios bien definidos (parques o plazas públicas), además de municipios que han decretado ordenanzas.

Desde 2001, en la Asamblea Legislativa los debates no han pasado de eso: debates respecto a la “despistolización”.

La excusa en boca de autoridades de turno o particulares ha sido que ello implicaría dejar sin defensa a la “población honrada”.

Fuente: La Prensa Gráfica

viernes, 11 de diciembre de 2009

México ve crecer la delincuencia juvenil

Joven en Tijuana

Un elemento fundamental es el entorno social en que viven los jóvenes, señalan expertos.

Recientemente la organización civil Causa Ciudadana encontró en Guanajuato, en el centro del país, a un grupo de adolescentes que empezaron robando tarjetas telefónicas y al poco tiempo fueron reclutados por una banda de secuestradores.

En Tijuana, al noroeste, el Centro Binacional de Derechos Humanos detectó a adolescentes que trafican droga y asesinan por encargo, mientras que en la Ciudad de México el Tribunal de Justicia estableció 15 juzgados especiales para atender los casos de jóvenes delincuentes.

Son ejemplos de una nueva realidad en México, donde según autoridades, desde hace cinco años existe un inusual repunte en el número de delitos cometidos por jóvenes.

Es un fenómeno “complejo” en el que se mezcla la crisis económica, la falta de oportunidades de estudio o empleo, la desintegración familiar, abundancia de drogas en las calles y hasta el acceso a medios de comunicación como internet, explicó David Ordaz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

“No es sólo que cometen delitos, sino cómo lo hacen. La violencia está muy arraigada entre los jóvenes”, dijo en conversación con BBC Mundo.

Una de las consecuencias es que cada vez son más los jóvenes y menores de edad asesinados, según datos del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Esta semana, por ejemplo, en una pequeña comunidad de Chihuahua aparecieron los cadáveres de siete jóvenes que horas antes habían sido secuestrados.

Línea recta

En seis meses, un joven mexicano puede convertirse en un delincuente peligroso, aseguró Carlos Cruz, director de Causa Ciudadana.

En Tijuana quieren ser sicarios, pero en el Estado de México aspiran a ser secuestradores

David Ordaz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales

Es un proceso que se inicia con delitos menores que son tolerados por la familia o su círculo de amigos, pero que pueden agravarse rápidamente, sobre todo en zonas con presencia de narcotraficantes.

De hecho, según la Procuraduría General de la República (Fiscalía) desde hace varios años los carteles de la droga reclutan cada vez a más jóvenes.

"Cuando son cooptados por los grupos criminales el proceso es rápido. Empiezan vigilando cargamentos de droga y terminan en sicarios", dijo Cruz en conversación con BBC Mundo.

Un elemento fundamental es el entorno social en que viven y el tipo de delincuencia a la que están expuestos.

“En Tijuana quieren ser sicarios, pero en el Estado de México aspiran a ser secuestradores”, explicó el investigador del Inacipe.

Empleo disponible

El gubernamental Instituto Mexicano de la Juventud ha dicho que existen siete millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.

Es un caldo de cultivo para la delincuencia organizada, especialmente los carteles de la droga, afirmó Cruz.

“Los narcotraficantes sí hicieron un análisis del bono demográfico de México y encontraron que allí hay mano de obra. Si según las autoridades este año los carteles han perdido a miles de personas, necesitan reponerlas”.

Muchos de estos jóvenes provienen de zonas marginadas, donde el acceso a empleo y educación es limitado.

Un ejemplo ocurre en Ciudad de México, donde según la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre enero y septiembre 2.273 menores de edad cometieron algún delito.

De ellos, la mitad proviene de barrios donde el ingreso económico promedio suele ser escaso.

“Son zonas donde vender droga o robar no es tan sancionado socialmente”, le dijo a BBC Mundo Javier Hidalgo, director del gubernamental Instituto de la Juventud del Distrito Federal.

El futuro

¿Pueden disminuir los delitos cometidos por jóvenes?

Sí, pero se necesitan acciones desde el gobierno, como rescatar los espacios públicos en manos de la delincuencia, o aumentar apoyo en becas de estudio a los jóvenes en riesgo, coinciden los entrevistados.

Pero lo más importante es cambiar la actitud de las autoridades, subrayó el director de Cauce Ciudadano.

“Las acciones de la sociedad civil en favor de los jóvenes no tienen fines electorales, y el gobierno mexicano lo debe entender”, insistió.

Fuente: BBC Mundo

Encuentran rastros de droga en tres de cada diez asesinatos

EDH20091211NAC028P