216,517 armas de fuego en circulación legal

Los registros del Ministerio de Defensa arrojan que la mayor parte de armas está en poder de particulares, con un aproximado de un 70%. En contraste, durante los últimos años, el 80% de los homicidios se comete con armas de fuego.

Escrito por Suchit Chávez
Martes, 15 diciembre 2009 00:00

Hay personas que tienen un estatus, se llama persona de alto riesgo, que tiene un nivel que la seguridad patrimonial, personal... tienen 100 armas.”

Coronel Alfredo Loza, logística del MDN

No se ha establecido el delito de tráfico de armas tal cual, lo que sí hemos detectado es que algunas armas están involucradas en varios hechos delictivos.”

Rodolfo Delgado, jefe UNICCO de la FGR

Hasta el 10 de diciembre pasado, y solo durante 2009, en el país se registraron unas 10 armas de fuego de distinto calibre en promedio cada día, según estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Es decir, en cifras brutas: 3,415 nuevas armas bajo matrícula y papeleo legales.

Esas fueron las nuevas. Apenas. La cifra total de armas en legal circulación a escala nacional —en manos de particulares y de las empresas privadas de seguridad— contabilizan un total de 216,517, según el jefe de Logística del MDN, coronel Alfredo Loza.

Tomando como base la actualización hasta junio de 2009 del Censo Nacional de Población, es decir, 6,100,000 habitantes a escala nacional, ello implicaría —con los registros actuales— que existe un promedio de 28.1 personas por cada arma de fuego registrada.

La cifra impone alertas rojas si se considera que según las estadísticas conjuntas del Instituto de Medicina Legal (IML) con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR), durante los últimos años cerca del 80% de los homicidios ha tenido de por medio un arma de fuego.

Según esos mismos consolidados, la mayor parte de las víctimas de asesinatos son adolescentes o adultos jóvenes, entre los 15 años y los 39 años.

Si se toma en cuenta que el Censo Nacional detalla que el 52% de la población son adultos —unos 3,172,000 habitantes del país—, la cifra de armas involucra parámetros peores: un promedio de 14.6 residentes por cada arma de fuego legalmente registrada en el Ministerio de Defensa.

Este año que está por finalizar, la PNC lleva registrados más de 4,000 asesinatos. La estadística es el reflejo del conteo más alto de homicidios durante los últimos 10 años en todo el país.

Bien “seguros”

¿La mayor parte de las armas debidamente registradas en el país está en manos de las empresas privadas de seguridad? “Pertenecen a las personas particulares, el mayor porcentaje. Cerca del 70% lo tienen las personas particulares.” Quien contesta es el coronel Loza, quien explica un panorama de armamentización oscuro en el país.

Esos datos significan que alrededor de 151,516 civiles poseen un arma de fuego. Aunque las cifras pueden resultar un engaño, y es el coronel Loza quien se encarga de aclararlo. “Hay personas que tienen más de un arma. Hay personas que tienen un estatus, se llama persona de alto riesgo, que tiene un nivel que la seguridad patrimonial, personal... tienen 100 armas (registradas a su nombre)”.

Porque según los números también vale hacer la aclaración, y es que el registro proporcionado por el MDN implica una porción nada más de los artefactos de fuego: el inventario de la Fuerza Armada, la PNC y la Academia de Seguridad Pública (ANSP) es cuestión aparte.

Las armas ilegales que son movilizadas en el país también es un asunto no tomado en cuenta en los registros. Tanto el coronel Loza como miembros de la FGR aseguran que es imposible dimensionar la cantidad.

Sin embargo, en 2008, y según estadísticas del MDN, las armas ilegales destruidas (previamente incautadas y que habían sido liberadas para su destrucción después de un proceso judicial) fueron en total 867.

El coronel Loza manifestó: “Con una sola arma ilegal que circule se puede decir que hay un problema grave”.

Hasta la fecha, el país aún no ha contado con algún decreto permanente que penalice la portación de armas de fuego; las vedas declaradas han sido temporales y en espacios bien definidos (parques o plazas públicas), además de municipios que han decretado ordenanzas.

Desde 2001, en la Asamblea Legislativa los debates no han pasado de eso: debates respecto a la “despistolización”.

La excusa en boca de autoridades de turno o particulares ha sido que ello implicaría dejar sin defensa a la “población honrada”.

Fuente: La Prensa Gráfica