Según las investigaciones policiales, ocho de cada 10 extorsiones denunciadas ante las autoridades en el país son originadas desde el interior de un centro penal. En 2008 la cantidad de extorsiones presuntamente ordenadas desde las cárceles eran de 3 de cada 10. La Policía señala que la denuncia ha aumentado considerablemente.
Escrito por Tania MembreñoLunes, 18 enero 2010 00:00
Ocho de cada 10 extorsiones que fueron denunciadas ante la Policía Nacional Civil (PNC) durante 2009 tuvieron su origen el interior de una celda de alguno de los 19 centros penales del país.
De acuerdo con el subdirector de Investigaciones, de la PNC, comisionado Augusto Cotto Castaneda, durante 2009, la División Antiextorsiones de la Policía recibió un total de 3,910 denuncias de pobladores que se convirtieron en víctimas de delincuentes que llamaron a sus casas, o a sus centros de trabajo, amenazándolos con asesinarlos a ellos o algún miembro de su familia, de no entregar una cifra específica de dinero, la mayoría de forma recurrente.
De ese total de denuncias, las investigaciones policiales revelan que 3,160 extorsiones salieron a través de una llamada realizada desde un teléfono celular originada en el interior de un centro penal que llegó directamente a la víctima o a otros delincuentes que recibieron la orden para ejecutar la extorsión.
Según Cotto, esos 3,160 casos constituyen el 81% de las extorsiones denunciadas por la población el año anterior. “En el 81% tenemos que el el autor intelectual es un reo recluído en una cárcel”, señaló el subdirector de Investigaciones.
Esa cifra revela un aumento del 588% de extorsiones generadas desde las cárceles en 2009 al compararlas con 2008.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló a través de su Unidad Especializada Antiextorsiones (UEA) que en 2008 de 1,717 denuncias recibidas por el delito de extorsión, 537 se habían ordenado desde el interior de un centro penitenciario.
Eso significa que el año anterior, desde las cárceles se ordenaron seis veces más extorsiones que en 2008.
Las autoridades policiales, señalan que la variación puede estar determinada por el aumento considerable del número de denuncias recibidas por extorsión que pasó de ser 1,717 en 2008 a 3,910 el año anterior.
Las autoridades policiales han señalado constamente que el aumento en el número de denuncias constituye el resultado de una mayor credibilidad por parte de la población hacia las autoridades.
ingreso a penales
Hace una semana, el director de la PNC, comisionado carlos Ascencio, reveló que $8.4 millones ingresan a las penitenciarías salvadoreños como producto del pago de extorsiones, según el resultado de las indagaciones del Centro de Inteligencia Policial (CIP).
Mensualmente, las autoridades señalan que los grupos de pandillas ingresan un promedio de $700 mil que provienen del pago de las extorsiones por parte de la población.
Pese al resultado de las indagaciones policiales, el ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, continúa asegurando que desde que Mauricio Funes asumió la presidencia de la república, el sistema penitenciario se ha vuelto “más seguro y más digno”.
Como una medida para disminuir la ejecución de ilícitos desde los penales, la PNC ha a la Fuerza Armada de el Salvador (FAES) custodiar los perímetros de ocho cárceles consideradas las que generan más problemas de seguridad en el país.
Entre esos ocho penales se encuentra el de Ciudad Barrios, considerado por la PNC, de donde salen la mayor parte de las extorsiones que se ejecutan en el país durante 2009.
En esa penitenciaría están recluídos miembros de una misma pandilla delincuencial. Al igual que la de Quezaltepeque, Chalatenango, Cojutepeque, San Francisco Gotera e Izalco, que también requieren vigilancia exterior. Además del penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca.
La Fiscalía General de la República sugirió hace algunos meses a la Dirección General de Centros Penales algunas medidas para evitar que continúen las extorsiones desde cárceles, entre éstas “sellar” los tomacorrientes para que los internos no puedan cargar los teléfonos celulares que ya tienen en su interior, así como y realizar requisas más continuas.
El sector privado ha reclamado en varias ocasiones a la actual administración presidencia su aplicación “tibia” en el combate a la delincuencia.
El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, señaló recientemente la necesidad crear políticas de Estado en materia de seguridad para la disminución de los hechos delictivos contra la población en general, de lo contrario, serán cada vez más evidentes los efectos en la economía nacional. “Esto es un círculo, si no hay seguridad, disminuye la inversión, y el desempleo aumenta, lo cual genera un problema social muy grave”, dijo Arriaza.
Fuente: La Prensa Gráfica
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