Redacción Diario Co Latino
El repunte de la violencia en el triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se debe a fallas en la formulación de políticas criminales y a una mala aplicación de éstas, interpretó del Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, Saúl Baños, de FESPAD. El documento fue realizado por un equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica. Por el país participa la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), la Cooperación para el Desarrollo de la Familia (CODEFAM), así como, la Federación Luterana Mundial.
El informe registra metodológicamente los índices de violencia y su impacto en la seguridad ciudadana, en los sistemas de justicia y en la medición de participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas sociales y económicas.
Saúl Baños, señaló que en el conteo metodológico utilizado, el país ocupa en esa “relación” el tercer lugar (55 homicidios por 100 mil habitantes), pero al considerar que El Salvador tiene menos habitantes que otros países en la región, lo ubica definitivamente en los primeros lugares.
“Muchas de las políticas son formuladas entre el Estado y el sector de la gran empresa, la sociedad civil organizada no participa, y con un bajo presupuesto para incentivar políticas preventivas, optan por políticas represivas ( Mano Dura y Súper Mano Dura) que imitaron otros países, dejando un mal precedente, esto significa mala ejecución de políticas”, añadió.
El documento regional indicó que parte de la impunidad criminal, se debe a los sistema de justicia que convertidos en botines políticos, han permitido que figuras como el Crimen Organizado y los delitos de Cuello Blanco (poder político y económico), los ahoguen.
“El crimen organizado ha impactado con su violencia a Centro América, vulnerando la seguridad ciudadana de jóvenes, mujeres y menores de edad, en un sistema de justicia que ha hecho naufragar los derechos de los ciudadanos; sólo en el 2006 de los 200 mil internos en el sistema carcelario, tres de cada cinco, no han llevado su proceso penal” , afirmó.
Sobre los movimientos sociales y la garantía y respeto a los derechos humanos de los centroamericanos Armando Pérez, de CODEFAM, evalúo que el informe da cifras alarmantes de represión social.
“Hemos visto que en Honduras y Nicaragua se está llevando a cabo una persecución e intimidación de líderes sociales, que protestan por megaproyectos (minerías, hidroeléctricas, aeropuertos) que dejan en vulnerabilidad a grandes asentamientos humanos y minan los recursos naturales”, acotó.
Sobre los Tratados de Libre Comercio, Pérez señaló que hay un incremento de demandas millonarias, de capitales transnacionales contra los Estados de la región centroamericana.
En Costa Rica, un proyecto minero que explota Vanessa Ventures, en Las Crucitas, logró un arbitraje internacional, por 276 millones de dólares, para destruir 200 hectáreas de bosque primario y secundario de la zona, logrando su cometido, comentó.
Asimismo, consideraron que ante la vulnerabilidad de América Central, por la debilidad de los Estados y como tal, la institucionalidad se hace necesario la coordinación de los tres órganos del Estado para sumar esfuerzos y trabajar con mayor eficiencia.
Fuente: http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67950/
El repunte de la violencia en el triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se debe a fallas en la formulación de políticas criminales y a una mala aplicación de éstas, interpretó del Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica, Saúl Baños, de FESPAD. El documento fue realizado por un equipo regional de monitoreo y análisis de derechos humanos en Centroamérica. Por el país participa la Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho (FESPAD), la Cooperación para el Desarrollo de la Familia (CODEFAM), así como, la Federación Luterana Mundial.
El informe registra metodológicamente los índices de violencia y su impacto en la seguridad ciudadana, en los sistemas de justicia y en la medición de participación de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas sociales y económicas.
Saúl Baños, señaló que en el conteo metodológico utilizado, el país ocupa en esa “relación” el tercer lugar (55 homicidios por 100 mil habitantes), pero al considerar que El Salvador tiene menos habitantes que otros países en la región, lo ubica definitivamente en los primeros lugares.
“Muchas de las políticas son formuladas entre el Estado y el sector de la gran empresa, la sociedad civil organizada no participa, y con un bajo presupuesto para incentivar políticas preventivas, optan por políticas represivas ( Mano Dura y Súper Mano Dura) que imitaron otros países, dejando un mal precedente, esto significa mala ejecución de políticas”, añadió.
El documento regional indicó que parte de la impunidad criminal, se debe a los sistema de justicia que convertidos en botines políticos, han permitido que figuras como el Crimen Organizado y los delitos de Cuello Blanco (poder político y económico), los ahoguen.
“El crimen organizado ha impactado con su violencia a Centro América, vulnerando la seguridad ciudadana de jóvenes, mujeres y menores de edad, en un sistema de justicia que ha hecho naufragar los derechos de los ciudadanos; sólo en el 2006 de los 200 mil internos en el sistema carcelario, tres de cada cinco, no han llevado su proceso penal” , afirmó.
Sobre los movimientos sociales y la garantía y respeto a los derechos humanos de los centroamericanos Armando Pérez, de CODEFAM, evalúo que el informe da cifras alarmantes de represión social.
“Hemos visto que en Honduras y Nicaragua se está llevando a cabo una persecución e intimidación de líderes sociales, que protestan por megaproyectos (minerías, hidroeléctricas, aeropuertos) que dejan en vulnerabilidad a grandes asentamientos humanos y minan los recursos naturales”, acotó.
Sobre los Tratados de Libre Comercio, Pérez señaló que hay un incremento de demandas millonarias, de capitales transnacionales contra los Estados de la región centroamericana.
En Costa Rica, un proyecto minero que explota Vanessa Ventures, en Las Crucitas, logró un arbitraje internacional, por 276 millones de dólares, para destruir 200 hectáreas de bosque primario y secundario de la zona, logrando su cometido, comentó.
Asimismo, consideraron que ante la vulnerabilidad de América Central, por la debilidad de los Estados y como tal, la institucionalidad se hace necesario la coordinación de los tres órganos del Estado para sumar esfuerzos y trabajar con mayor eficiencia.
Fuente: http://www.diariocolatino.com/es/20090615/nacionales/67950/
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