Comercio ahogado por pago de seguridad y extorsiones

María José Galeas
Diario El Mundo

La suma de los costos que representa para los comercios, grandes y pequeños, el pago de seguridad privada y de las extorsiones está haciendo cada vez menos posible que estos sobrevivan.

Los empresarios salvadoreños enfrentan, actualmente, dos grandes frenos para sus inversiones: la crisis económica y la ola de inseguridad. Sin embargo, es la segunda la que más quebranta la voluntad de los comerciantes para continuar creciendo.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara, calcula que los costos por pago de seguridad mensual podrían significar entre el 8% y 10% de los costos totales de una empresa.

Melara retomó un estudio de 2007, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que revela que el gasto en seguridad privada representa el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño.

Napoleón Guerrero, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), afirma que la problemática está frenando la inversión y reduciendo las utilidades de las empresas.

“El hecho de tener vigilancia o seguidores en los vehículos de reparto, el estar pagando seguridad o que le lleven los dineros custodiados es un costo adicional que no se da en los países donde no hay ese grado de violencia”, dice Guerrero.
“Los vendeodres no pueden entrar a zonas o tiene que estar pagando acceso”, añade.

Seguridad privada

Un empresario salvadoreño, que prefirió el anonimato, administrador de la venta de tarjetas de celular prepago de una teléfonica, asegura que su gasto en seguridad, en el último mes, supera los $10 mil.

Indica que pagar seguridad privada lo coloca en serias dificultades económicas, pero, ante los niveles que ha alcanzado la delincuencia, es una medida que no puede eludir. En el último mes, contrató a cinco guardias con un costo mensual de $350 cada uno. En total, pagará $1,750 al mes.

Los vendedores de tarjetas prepago para celulares son asediados por los pandilleros, afirma este y otros vendedores de tarjetas.

Es por eso que este empresario también decidió invertir en armas. Otro costo adicional. El último mes sufrió cinco asaltos, incluyendo el de un vehículo. Entonces decidió equiparlos con GPS, para poder controlar su paradero en caso de ser robados.

“Si usted me pregunta si he tenido utilidades este mes, le respondo que no. Las ventas han bajado un 30% por lo mismo de la inseguridad y el gasto que he tenido en los custodios y el equipo me ha dejado en números rojos”, se queja.

Uno de los repartidores de tarjetas de teléfono comentó que su estrategia para evitar las “rentas”, en un principio, fue tomar vías alternas. Una medida que rápido perdió efecto.

“Ya lo informamos a los jefes y ellos ya están valorando mandarnos con seguridad. Hay algunos repartidores que llegan a unas colonias hasta con tres (agentes de) seguridad”, dijo el hombre, que también prefirió el anonimato.

En algunas zonas, como al interior del país, el costo de mantener seguridad privada está disminuyendo los márgenes de ganancia. Y en los pequeños comercios, la única opción es cerrar, porque no pueden mantener el pago de seguridad (ver nota secundaria).

Extorsiones

El cobro de la “renta” es indiscriminada. Es algo por lo que pasa desde la señora de la tortillería hasta las grandes empresas.

Uno de los cobradores de una ruta de microbuses comenta que su cuota semanal es de $300, un monto que reúnen entre la cooperativa.

“Lo que hacemos es que entre todos ya apartamos una parte para sacar lo que nos piden. Eso sí, ya no ganamos igual porque es bastante lo quenos toca, son $1,200 al mes”, dice.

Los comerciantes y ruteros de productos, sin importar el artículo, explican que hay lugares en los que se cancela cada vez que se entra, el “precio” por transitar depende de la colonia.

“Pueden ser $1 o $3 o a veces mejor damos producto, porque ese dinero no lo pone la empresa sino nosotros”, dice un vendedor de pan dulce.

Sin embargo, los comerciantes afirman que la situación está sirviendo para que personas que no pertenecen a las pandillas se lucren de la situación, cobrando “rentas” también

En algunos cantones o ciudades aledañas a San Salvador, las tiendas y pupuserías han optado por cerrar incluso las familias están emigrando a zonas “más tranquilas”. La suma entre el pago de seguridad privada y el pago de las extorsiones ahoga a los comerciantes.

Ellos confian en que las medidas de seguridad anunciadas por el presidente Mauricio Funes surtan efecto.

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Temen cierre de empresas migueleñas por inseguridad

Aunque aún no poseen cifras exactas, la filial de San Miguel de la Cámara de Comercio teme que empresas de ese departamento estén cerrando por la inseguridad.

El último censo de la Cámara en San Miguel, reporta que existen casi 15 mil empresas, de las que 14 mil 181 son micro, 464 pequeñas, 34 medianas y 19 grandes. Una cifra que podría verse diminuída por el azote de la delincuencia.

El presidente de la filial de la Cámara de Comercio en San Miguel, José Herrera, explicó que solo en el pago de seguridad privada, las 14 mil 500 empresas censadas hasta 2005 podrían desembolsar cerca de $50 mil 570 al mes. En el supuesto de que contraten solo un agente de seguridad privada, doce horas al día por $350.

El titular de la filial tomó como ejemplo una empresa real para plantear la reducción de las utilidades debido al pago de seguridad privada.

Así, una pequeña empresa que tiene ingresos anuales de casi $60 mil 779, con un gasto de operación de $54 mil 480 y que no paga seguridad tiene utilidades de casi el 10%, es decir $6 mil 299. El porcentaje de utilidades de la misma empresa, pagando seguridad, se reduce a un 3%. En lugar de ser casi $7 mil de ganancia, el margen se reduce a $2 mil.

Los cálculos son tomando en cuenta un agente de seguridad por empresa, pero Herrera dijo que hay negocios que contratan hasta 10 personas para cuidar las 24 horas del día. El pago de la renta reduce aún más los ingresos de las empresas. Según la Cámasra, las extorsiones han provocado una caída del 35% en los ingresos.

“Con relación a las extorsiones, en San Miguel se ha generalizado. Desde el micro hasta el gran empresario está siendo extorsionado. Si cada uno de los empresarios pagasen $1 diario por extorsión, se estarían pagando $ 14 mil 698 dólares diarios, sin tomar en cuenta los establecimientos que no fueron censados. Las extorsiones van de $ 0.50 diarios hasta $500 mensuales”, detalló.

Fuente: Diario El Mundo