Prohibir la portación de armas en los 14 municipios que forman la capital, será la propuesta que el Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (Coamss) le planteará mañana jueves al ministro de Seguridad y Justicia, Manuel Melgar.
El propósito es que la Policía Nacional Civil (PNC) apoye como ejecutores en esta medida al Cuerpo de AgentesMetropolitanos (CAM).
La posible aplicación de esta medida ha generado inquietud en algunos de los sectores más golpeados por la delincuencia y las extorsiones, como son el comercio y el transporte público. Temen que lejos de reducirse el índice de violencia que azota al país y en especial a San Salvador, este se verá incrementado, ya que se desarmará a quienes portan de forma legal un arma y los dejará a merced de los criminales.
“Los delincuentes no tienen armas registradas, con veda o sin veda van a andar armados siempre, como dice el dicho: burro amarrado y tigre suelto, mientras, la veda de armas debe evaluarse bajo los criterios de cómo va a hacer el que transita de un lado a otro, que se les quita laposibilidada las personas que puedan resguardar sus negocios, sus casas o sus familias”, apuntó elpresidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Jorge Daboub.
La alcaldesa de Apopa y miembro del Coamss, Luz Estrella Rodríguez, difiere de esta posición. “El objetivo es que nadie ande armado; porque, si no, todos haríamos la justicia por nuestra cuenta”, argumentó.
La aplicación de la veda de armas en Apopa durante 2008 hasta febrero de 2009, le dejó un buen sabor de boca a Rodríguez. Según dijo, el índice de violencia de este municipio bajó al número ocho, después de estar dentro de los tres primeros escalones. Agregó que el apoyo de la Policía es fundamental en su aplicación.
A Daboub le preocupa la prohibición de las armas para los empresarios que tienen que contratar seguridad privada para repartir sus productos en tiendas y supermercados, muchas veces en recorridos desde el oriente al occidente del país, atravesando la capital. Rodríguez justifica su aplicación en que cada municipio cuente con una ordenanza que regule la portación de armas de fuego para los vigilantes privados.
Daboub dijo no oponerse por completo a la iniciativa; sin embargo, consideró que debe someterse a una evaluación más exhaustiva y tomar en cuenta algunos parámetros como incrementar el número de elementos de la PNC -actualmente 17 mil en todo el país- así como reforzar la inteligencia policial, que sonmedidas que llevan a prácticas más complejas comola intervención de las llamadas telefónicas.
Otro de los sectores que vive preso de las extorsiones y crímenes en contra de empresarios y sus trabajadores es el transporte público. “Hay que analizarlo profundamente en términos de criminología. Una veda es simplemente darle atol con el dedo a la población”, expresó Catalino Miranda, dirigente de la gremial de microbuses Fecoatrans. Catalino opina que debería crearse una ley de emergencia para decomisar las armas ilegales en el país -se estima que son 500 milaplicando prisión de entre 5 a 10 años y posteriormente comenzar a regular las armas que aún siendo legales están en manos de personas que no reúnen el perfil adecuado para portarla.
Analistas como Joaquín Samayoa y Rafael Barraza le ven el lado positivo a la prohibición. “Si las armas de fuego se siguen permitiendo que las tenga cualquier hijo de vecino, es ganancia para los criminales”, manifestó Samayoa en un noticiero televisivo.Planteó que la medida debe incluir cateos en las casas y comercios como ocurrió en la guerra civil. “Hay que irlas a buscar (armas), así como se buscaba la propaganda política”, justificó. Fuente: http://www.elsalvador.com/mwedh/pdf/20090624/EDH20090624MET038P.pdf
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