Según la PNC, en lo que va del año se han recibido 2,150 denuncias por extorsión, 750 más que en 2008. El delito tiene otra magnitud. Las autoridades reconocen la existencia de una cifra negra, es decir, las extorsiones que la población no se atreve a reportar a la PNC.
Escrito por Suchit ChávezViernes, 31 julio 2009 00:00
Las denuncias por el delito de extorsión se han incrementado en un 35%, entre enero y julio de este año, con respecto al mismo período del año pasado, reseñó ayer el subdirector de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde.
Sin embargo, el jefe policial interpretó tales datos no como una subida en el delito, sino en la confianza de las víctimas para no dejar el delito impune.
Ramírez Landaverde detalló: “En relación con el comportamiento de las extorsiones tenemos alrededor de 2,150 denuncias, del 1.º de enero a la fecha, a escala nacional, esto implica un incremento de alrededor de 35% de denuncias más”.
Pese al aumento, el jefe policial añadió: “Que se incremente la denuncia es favorable a la institución, eso implica que estamos aumentando los niveles de confianza”.
Sin embargo, esta semana, representantes del sector privado han tenido reiterados reclamos por lo que han considerado medidas blandas al tratamiento de la seguridad pública por parte del actual Gobierno.
El pasado 23 de julio, los titulares de la Cámara de Comercio, Jorge Daboub, y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Federico Colorado, arremetieron contra las medidas de flexibilización al interior de Centros Penales, anunciadas semanas atrás por el responsable de esa dirección, Douglas Moreno.
“Las mismas autoridades dicen que las extorsiones vienen de las cárceles y la medida que toma el director de cárceles es bajar el mecanismo de seguridad y de presión y no entendemos bajo qué óptica están ellos viendo eso”, declaró en ese momento Daboub.
Al inicio de su gestión, el administrador de las cárceles, Moreno, detalló que se proponía flexibilizar medidas a los internos en centros penales, y específicamente a los reos del Penal de Máxima Seguridad (Zacatecoluca) para dar un trato “más humano”.
El funcionario detalló que se proponía un sistema de “créditos”: a mejor comportamiento, más medidas que los beneficiarán, justificó.
Tal flexibilización incluía eliminar los registros íntimos a las visitas de familiares de internos. En algunos casos, autoridades como la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil han señalado que los genitales han sido lugares para ocultar teléfonos celulares, drogas, u otros objetos prohibidos.
Ayer, la ANEP reiteró su reclamo en un comunicado público, en el que reseñan: “Es urgente la implementación de medidas para controlar la acción delincuencial que agobia a los salvadoreños y que está viéndose reflejada en el alto índice de homicidios, extorsiones y demás delitos del crimen organizado”.
El más reciente reclamo del sector privado derivó de múltiples cambios al interior de la PNC, de jefaturas de unidades élite. Una de estas, la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO, ver nota aparte).
Cifra negra
Ramírez Landaverde reconoció ayer la existencia de la cifra negra, es decir, las extorsiones que la población no reporta. En 2006, la cifra negra era 3,000 veces mayor a la cifra denunciada: “Tenemos razones fundadas para creer que estamos incidiendo en la cifra negra”.
El oficial detalló que la estrategia de trabajo por la que han optado es reforzar los equipos antiextorsiones de las delegaciones, y que estos tomen la denuncia en la casa de las víctimas: “Las víctimas no están llegando a las delegaciones, no porque no deban, pero hoy por hoy esto les causa inseguridad”.
El subdirector de la PNC, empero, no dio cifras respecto a la reducción de la cifra negra. Únicamente detalló que a través de las reuniones con “transportistas y comerciantes” han logrado establecer que existe más denuncia.
Días atrás, el jefe fiscal de la Unidad Antiextorsiones, Allan Hernández, también reconoció que existía un alza respecto a este delito en comparación con el año pasado.
Hace una semana, tres empleados de una empresa de bebidas gaseosas fueron secuestrados en la comunidad La Anémona del municipio de San Martín y posteriormente asesinados en unos barrancones de la zona.
Los familiares de los repartidores detallaron que estos ya habían recibido amenazas por pandilleros de la zona para que cancelaran la denominada “renta” o extorsión periódica que se les imponía por ingresar a la comunidad.
El director de la PNC, Carlos Ascencio, dijo ayer que reforzarán los equipos antiextorsión.
Fuente: La Prensa Gráfica
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