jueves, 4 de noviembre de 2010

Preparan rescate de cadáveres de un pozo

Hace aproximadamente dos meses, las autoridades fiscales, policiales y forenses, con el respaldo de los bomberos, extrajeron partes de dos cuerpos del interior de un pozo situado en el caserío El Encantado, del cantón Puerto Parada, de Usulután.
Se presume que hay más cadáveres dentro y que estos pertenecen a dos empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sus respectivas familias, que están desaparecidos desde febrero anterior.

Recuperar esos cuerpos y practicarles pruebas de ácido desoxirribonucleico (ADN), es urgente para las autoridades, porque eso les ayudaría a esclarecer la desaparición de Óscar Orellana, ex jefe de la sección de Traslado de Reos de la CSJ, en Santa Ana y su motorista Miguel Ángel Torres Salamanca; además de Claudia Martínez, esposa de Torres, Deysi Iveth García y de José Francisco Lozano Funes, un presunto traficante de armas, según la Policía.

Los trabajos de recuperación de los cuerpos fueron suspendidos en septiembre pasado porque el pozo está situado en una zona inhóspita y durante el invierno, el terreno se anega y hace rebalsar la estructura, lo que imposibilitaba la recuperación y ubicación de los restos humanos.

Ahora que el invierno prácticamente terminó, el jefe de Investigaciones de la delegación policial de Usulután, Antonio Sorto, informó que la próxima semana reanudarán las tareas de recuperación de los otros cuerpos, que se presume son tres.

Dice que esta semana fueron al sitio para verificar si las condiciones del terrero permitirían las labores. "Los policías se introdujeron y el agua les llegaba a cintura y ya dejamos varios agentes custodiando el lugar", indicó Sorto.

Sospechan tráfico de armas

Estas personas desaparecieron en un hecho confuso en el que inicialmente se creyó que ellos habían ultimado a Ricardo Andrés Hidalgo, un comerciante santaneco, el 12 de febrero.

Luego, un testigo con beneficios de la Fiscalía dio luces a las autoridades sobre cómo habrían ocurrido los hechos, les confirmó las muertes de los supuestos desaparecidos y les ubicó dónde estaban los cuerpos. Fue así como llegaron hasta el referido pozo.

Todo está incluido en el proceso judicial que se ventila en el juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, a cargo del juez Jorge González y en el que hay tres personas procesadas.

Según ese testigo, los dos empleados de la CSJ iban a comprar fusiles M-16 a uno pandilleros de la zona, guiados por Lozano, pero al llegar al lugar los pandilleros no tenían las armas ilegales ofrecidas y decidieron matar a todos los presentes, salvo a un niño de tres años que fue abandonado en la zona. Luego les robaron el dinero, según el testigo.

Los imputados en ese crimen son José Rogelio Portillo Medina, de 32 años; Elmer Alexander Saravia López, de 22, y Juan Francisco Serrano Romero, de 23.

Empero, las autoridades no tienen un caso sólido ante los tribunales, porque aun no hay certeza científica que ratifique que los cuerpos del pozo pertenecen a los desaparecidos

fuente: El Diario De Hoy

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